Estimados compañeros/-as:

Como todos sabéis el próximo domingo día 3 de diciembre se conmemora el día internacional de las personas con discapacidad y son múltiples y de diversa índole los eventos que durante estos días se celebran para sensibilizar y concienciar a la sociedad no solo de las necesidades del sector sino también de la existencia de derechos que como personas tienen reconocidos las personas con discapacidad y que hoy en día todavía son vulnerados y cuya vulneración no siempre tiene consecuencia sancionadora.

Como todos sabemos, España ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sin embargo, queda mucho por implementar en nuestro ordenamiento jurídico. Este tratado internacional en virtud del artículo 96 de nuestra Carta Magna, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, directamente aplicable y sin embargo, muchos de los operadores jurídicos continúan sin aplicarlo.

Como consecuencia de la aplicación de la Convención, se han dictado diversas disposiciones normativas, como es la Ley 26/2011 cuya finalidad es la adaptación de la normativa interna a la Convención, pero que todavía está pendiente de desarrollo. Como norma compiladora también se dictó el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, diversas leyes como la Ley de Propiedad Horizontal fueron modificadas, inclusive en esta última se fijó el plazo de hasta el día 4 de diciembre de 2017, para adoptar las medidas de accesibilidad en los edificios y eliminación de barreras, del cual aún desconocemos los efectos de su incumplimiento, pero no obstante, como ya se ha dicho, todavía queda mucho por hacer.

En las diferentes observaciones realizadas por el Comité Internacional de vigilancia y seguimiento sobre el cumplimiento de la Convención, España es objeto de múltiples y diferentes recomendaciones para lograr la implementación de un tratado internacional que es directa e íntegramente aplicable en nuestro país.

A lo anterior, hay que añadir que muchos de los operadores jurídicos todavía no han pasado del modelo médico rehabilitador, asistencial, que proclamaba la LISMI y la LIONDAU por el nuevo modelo social que adopta la Convención.

Considerar el derecho de la discapacidad desde la óptica de los derechos humanos, integrarlo dentro del artículo 10 de la Constitución Española y por tanto dotarlo efectivamente de una mayor protección jurídica.

Reformar el procedimiento de modificación de la capacidad jurídica acorde con la Convención, como son los artículos 199 y siguientes del Código Civil a sus postulados. Dar mayor protagonismo a la curatela, hacer un “traje a medida” para cada persona. Lograr la especialización de todos los operadores jurídicos y agentes intervinientes en el procedimiento. Obtener y poder exigir, si fuera necesario a través de medidas sancionadoras los derechos que las personas con discapacidad o diversidad funcional tienen de forma efectiva y eficaz, como es el derecho a la accesibilidad de forma global, eliminación de barreras, diseño para todos, unos ajustes razonables reales y efectivos, eliminar la discriminación directa e indirecta así como también la discriminación por asociación, crear políticas sociales de acción positiva, una real y efectiva educación inclusiva, etc…, mucho queda por hacer.

Sirva este escrito para que recordemos en este día, que como agentes sociales, dentro del movimiento asociativo, mucho nos queda por hacer en defensa no solo de las personas con discapacidad y sus familias, sino de toda la sociedad.

Espero y anhelo que esta reflexión sirva para recordar que las personas con discapacidad tienen derechos reconocidos que en pleno siglo XXI continúan vulnerándose y que nosotros desde la asociación, podemos y debemos contribuir a su defensa.

Mercedes Lizcano
Vocal APNAV
Abogada